El 3 de agosto de 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dio a conocer la versión final de su Plan de Energía Limpia.  Este reglamento federal establece, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, límites a la contaminación de dióxido de carbono de las centrales eléctricas existentes en el país.  El Plan de Energía Limpia incluye importantes disposiciones de justicia ambiental, ganadas a pulso, y esta entrada de blog ofrece una visión general de los elementos del reglamento, así como los próximos pasos y herramientas para las comunidades.

Las centrales eléctricas de combustibles fósiles son la fuente más grande de dióxido de carbono en los Estados Unidos, la contaminación que está causando caos en nuestro clima.  Estas plantas de generación también emiten contaminantes del aire que contribuyen a muchas enfermedades respiratorias y del corazón, así como a la muerte prematura.  La implementación del Plan de Energía Limpia conducirá a reducir el cambio climático y a mejorar la salud pública para toda la población, incluidas las minorías, las comunidades de bajos recursos y las comunidades indígenas.

De conformidad con la Orden Ejecutiva 12898, bajo la cual la EPA tiene la obligación de hacer de la justicia ambiental parte de su misión, el Plan de Energía Limpia incluye una serie de disposiciones para garantizar que el reglamento beneficie a las comunidades que han llevado la peor parte de la contaminación de los combustibles fósiles–las minorías, las comunidades de bajos ingresos y las comunidades indígenas.  El reglamento proporciona herramientas para ayudar a garantizar que estas comunidades no sufran impactos a la salud causados por la contaminación de las centrales eléctricas de combustibles fósiles, y también crea avenidas para que dichas comunidades reciban los beneficios de salud y económicos esperados por la implementación del reglamento.

La EPA realizó un proceso de difusión pública sin precedentes, antes y después de la publicación de la propuesta de reglamento en junio del 2014.  Como parte de este proceso, la EPA buscó la participación de los grupos de justicia ambiental, las organizaciones religiosas, las organizaciones de salud pública y otros grupos de la comunidad.  Sierra Club trabajó con las organizaciones de justicia ambiental y sometió a la EPA comentarios sobre la propuesta de reglamento en diciembre pasado, los cuales reflejan las preocupaciones de las comunidades.  En el reglamento final está claro que la EPA escuchó e integró las consideraciones de justicia ambiental en el Plan de Energía Limpia, de conformidad con las “Directrices para considerar la justicia ambiental durante el desarrollo de acciones regulatorias”, que la EPA finalizó hace solamente algunas semanas.

Consideraciones de justicia ambiental en el Plan de Energía Limpia

En el reglamento final, la EPA hizo tres cosas:

1. Análisis de proximidad: EPA llevó a cabo un análisis de proximidad, para el cual utilizó su nueva herramienta EJSCREEN.  Este análisis concluyó que un mayor porcentaje de minorías y comunidades de bajos ingresos viven cerca de las centrales eléctricas de combustibles fósiles, en comparación con los promedios nacionales.  El reglamento también sugiere a los estados llevar a cabo sus propios análisis de justicia ambiental durante la elaboración de sus planes de cumplimiento del reglamento (en adelante “planes estatales”), y también les recomienda evaluar los impactos reales de dichos planes sobre las minorías y las comunidades de bajos recursos durante su implementación.  Por último, después que los estados hayan elaborado sus planes y comiencen a implementarlos, la EPA también evaluará la existencia de impactos locales que resulten a raíz de cualquier aumento de emisiones de contaminantes, en cuyo caso trabajará con los estados para mitigar los impactos adversos sobre las comunidades.

2. Requisito de participación significativa: El reglamento final requiere a los estados garantizar la participación significativa de las comunidades en el proceso de desarrollo de los planes estatales.  La primera fecha límite para que los estados sometan sus planes a la EPA es el 6 de septiembre de 2016, y cualquier estado que busque obtener una extensión más allá de dicho plazo deberá someter un plan inicial a la EPA antes del 6 de septiembre del próximo año, el cual debe demostrar que dicho estado ha involucrado a las comunidades y también debe explicar cómo va a garantizar su participación continua durante el desarrollo de la versión final de su plan estatal.

3. Distribución de beneficios: Bajo el reglamento final, la eficiencia energética continúa siendo una opción importante para el cumplimiento de las metas de reducción de carbono, y la EPA ha ofrecido incentivos específicamente para beneficio de las comunidades de bajos ingresos.  Bajo el Programa de Incentivos de Energía Limpia (CEIP, por sus siglas en inglés), la EPA ha propuesto que las centrales eléctricas sujetas al reglamento obtengan doble crédito por proyectos de eficiencia energética en comunidades de bajos ingresos.  La EPA también se ha comprometido a trabajar con otras agencias federales para proporcionar información sobre programas de ayuda para que las comunidades de bajos ingresos tengan acceso a energías renovables y eficiencia energética, por ejemplo, la Asociación Nacional de Energía Solar (National Community Solar Partnership), una iniciativa de varias agencias federales orientada a aumentar el acceso a la energía solar para los consumidores de bajos y medianos ingresos.  La EPA también ha dado ejemplos de programas estatales que otros estados pueden utilizar como modelos.

B. Los planes estatales deben abordar las preocupaciones de las comunidades

La EPA ha dado un gran paso adelante en cuanto a la integración de la justicia ambiental en sus reglamentos al haber abierto la puerta a la participación de las comunidades en el proceso de desarrollo de los planes estatales para implementar el Plan de Energía Limpia.  Pero esto es sólo el comienzo de un largo camino.  Como Kim Wasserman de la Organización de Justicia Ambiental de Little Village en Chicago señaló recientemente, las comunidades tendrán que expresar plenamente sus preocupaciones, y en alianza con la comunidad ambiental, deberán trabajar duro con las agencias que elaborarán los planes estatales para asegurar que dichos planes eviten cualquier impacto desproporcionado y de hecho beneficien a las comunidades vulnerables.

Los planes estatales tendrán que abordar las siguientes cuestiones, entre otras:

1. Mayor uso de las centrales eléctricas de combustibles fósiles:  Las comunidades están preocupadas por la posibilidad de un aumento de emisiones localizadas de contaminantes del aire a causa de un mayor uso de las centrales de carbón y las centrales de gas natural que podría tener lugar durante la implementación del reglamento.  El análisis de proximidad de la EPA es el primer paso para identificar las centrales eléctricas que pueden causar problemas de contaminación en las comunidades ubicadas alrededor de esas plantas.  Las agencias estatales también deberían modelar las emisiones de contaminantes del aire (por ejemplo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno) de esas centrales como parte del proceso de desarrollo de sus planes, y  combinar los resultados con sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) para identificar a las poblaciones afectadas por dicha contaminación que se encuentran más allá del radio de 3 millas utilizado en el estudio de proximidad.

Sierra Club trabajará arduamente para abogar porque los estados reemplacen el carbón con energía limpia proveniente de fuentes renovables y eficiencia energética.  El Plan de Energía Limpia en realidad ofrece la oportunidad para un mayor desarrollo de la energía renovable en comparación con la propuesta de reglamento, durante el período de cumplimiento y posiblemente antes del mismo, a través del CEIP propuesto por la EPA.

2. Impactos acumulativos: Los grupos ambientales y de justicia ambiental han abogado durante mucho tiempo para que la EPA considere los impactos acumulativos de otras fuentes de contaminación.  El Plan de Energía Limpia no aborda este tema.  Muchas centrales eléctricas de combustibles fósiles en los Estados Unidos se localizan en zonas donde hay otras grandes instalaciones industriales que contaminan el ambiente.  Las herramientas de detección y mapeo  de justicia ambiental, como la EJView de la EPA, permiten a los usuarios identificar estos riesgos ambientales, los cuales deben ser estudiados a profundidad.  Muchas de esas instalaciones industriales contribuyen a violar otras normas de la Ley de Aire Limpio.  Los estados deberían modelar dichas instalaciones junto con las plantas de carbón y las plantas de gas natural que preocupan a las comunidades, y dichos resultados deben informar la imposición de límites a las emisiones de las plantas de combustibles fósiles bajo esas normas de la Ley de Aire Limpio y el Plan de Energía Limpia.  Por eso las comunidades deben abogar para que los estados adopten un enfoque de contaminantes múltiples, considerando no solamente las emisiones de dióxido de carbono sino también de otros contaminantes del aire, como la EPA ha sugerido en el reglamento final.

3. Fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisión: En el Plan de Energía Limpia, la EPA ha permitido los programas que fijan límites máximos y permiten el intercambio de derechos de emisión de dióxido de carbono (“cap-and-trade”), incluidos los enfoques “listos para el comercio de derechos de carbono” (“trading-ready” programs).  Dichos programas preocupan gravemente a las comunidades y los grupos de justicia ambiental.  La participación de las comunidades y los análisis de justicia ambiental también serán fundamentales para asegurar que los estados no permitan que las centrales de energía sucias que causan impactos desproporcionados en las comunidades operen sin restricciones.  Existen varias formas para integrar las consideraciones de justicia ambiental en el diseño de programas de “cap-and-trade”.

En primer lugar, los estados (o regiones) deben promulgar límites máximos estrictos, lo cual eliminará los incentivos para aumentar el uso de las centrales eléctricas de combustibles fósiles.

En segundo lugar, como la EPA ha señalado en su manual de “cap-and-trade” titulado “Herramientas del Oficio” (“Tools of the Trade”), los estados podrían delimitar aquellas zonas con concentraciones de contaminación inaceptables (“hotspots”) y prohibir o restringir severamente el flujo de derechos de emisión en esas zonas; en otras palabras, las plantas de energía con el potencial de causar “hotspots” no deben ser autorizadas a comprar derechos de emisión que les permitan seguir contaminando.

En tercer lugar, si los derechos de emisión son asignados a través de subastas, los estados deben utilizar una parte de los ingresos generados para financiar inversiones en energías renovables y eficiencia energética en las comunidades más afectadas por la contaminación de combustibles fósiles.

4. Quema de basura: La quema de basura para la producción de electricidad es otra gran preocupación para las comunidades porque en varios estados del país ésta califica como energía renovable.  En las últimas semanas, la Asociación para la Integridad de la Política Pública (Partnership for Policy Integrity) publicó un análisis que demuestra que la propuesta de reglamento consideraba toda quema de desechos – incluyendo materiales derivados de combustibles fósiles, como el plástico y los neumáticos – como si tuvieran cero emisiones de carbono.

La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés)advirtió que la quema de combustible derivada de residuos no solamente es peor para el clima que el carbón; la quema de basura también crea impactos desproporcionados porque expone a las comunidades al mercurio y otros contaminantes tóxicos.  El reglamento final todavía permite a los estados usar residuos para cumplir con el Plan de Energía Limpia, pero sólo la porción biogénica de los residuos sólidos urbanos podrá ser utilizada en los planes estatales.

El reglamento también reconoce que estas fuentes producen emisiones de carbono, y por lo tanto, los planes estatales que busquen incluir residuos biogénicos deberán tener en cuenta sus características y sus beneficios para el clima.  La EPA revisará la determinación de los estados para incluir estas medidas en sus planes, y no todos los tipos de residuos sólidos serán aprobados.  EPA ha solicitado comentarios sobre estas cuestiones en su propuesta de Plan de Implementación Federal, y Sierra Club incitará a la EPA para que tome en cuenta las preocupaciones de las comunidades.

5. Racismo ambiental: Muchos grupos de justicia ambiental pidieron a la EPA que asegure que los estados que reciban fondos de la agencia para desarrollar sus planes estatales cumplan con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.  En el reglamento final, la EPA ha animado a todo aquel que crea que alguna de las leyes federales contra la discriminación ha sido violada por una entidad que reciba fondos de la EPA, a presentar una queja administrativa con la Oficina de Derechos Civiles de la agencia (OCR, por sus siglas en inglés).

Hay, sin embargo, mucho trabajo que hacer para mejorar el proceso de quejas administrativas de la EPA.  En agosto, el Centro para la Integridad Pública difundió unanálisis que reveló que, en el procesamiento de casi 300 quejas por discriminación ambiental promovidas en los últimos veinte años, la OCR de la EPA nunca ha hecho una determinación formal de violaciones de derechos civiles.  El gobierno federal, sin embargo, está dando pasos en la dirección correcta.  En julio, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos (U.S. Commission on Civil Rights) anunció que su informe de cumplimiento de 2016 se centrará en violaciones de los derechos civiles relativos a la justicia ambiental.  Sierra Club continuará trabajando con otras organizaciones para abogar por modificaciones al proceso de investigación y resolución de quejas administrativas de manera que se logre el cumplimiento efectivo del Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

En conclusión, las disposiciones de justicia ambiental del Plan de Energía Limpia son un gran paso adelante para la EPA, las comunidades locales, y la nación, pero las mismas sólo son tan sólidas como los planes estatales que ahora toca a los estados preparar.  Sierra Club y nuestros numerosos aliados trabajarán duro en los próximos años para asegurar que la implementación del reglamento beneficie a las comunidades más afectadas por la contaminación de los combustibles fósiles.  Nuestro éxito dependerá de la participación y dedicación de los líderes y defensores de la comunidad de costa a costa.  ¡Únete a nosotros!